Socios Estratégicos

La Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos posee múltiples relaciones con diversos organismos internacionales; siendo los más relevantes nuestros llamados socios estratégicos:

Socios Estratégicos

Conferencia de Ministerios de Justicia de Ibero América (COMJIB)

Ambas instituciones han desarrollado diversos acuerdos, que se traducen en apoyo de parte de la Conferencia a diferentes actividades de la Asociación, como las Asambleas Generales, llevadas a cabo anualmente.

Actualmente AIAMP y COMJIB se encuentran desarrollando el proyecto "Violencia de Género en Iberoamérica: investigación de delitos, atención a víctimas y coordinación interinstitucional", cuyo objetivo general radica en mejorar la respuesta de las instituciones públicas ante los delitos de violencia de género.

Esta iniciativa se enmarca en el área de Acceso a la Justicia del Programa Regional para la Cohesión Social en América Latina (EUROSOCIAL II) y encuentra gestionada por la Fundación Internacional y para Ibero América de Políticas Públicas (FIIAPP).

Los países participantes son Brasil, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Chile. Y su es mejorar la respuesta de las instituciones públicas ante los delitos de violencia de género, a través de una mejora específica en la investigación de estos delitos; en la atención que se presta a las víctimas del mismo, y en la coordinación entre Ministerios Públicos y Ministerios de Justicia.

Proyectos : Violencia de Género

Sitio Web: http://www.comjib.org/

Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed)

IberRed es hija de tres entidades mayores como son la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB); la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI) y la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). Su constitución se realiza en octubre de 2004, en un foro que reunió a estas tres asociaciones y en donde se adoptó el Reglamento que la rige; actualmente estos tres foros conforman el denominado "Grupo de apoyo a IberRed".

Por otra parte estas tres entidades coordinan la regla nº 100 de las "Reglas de Brasilia", la cual dice relación con el seguimiento de estas recomendaciones. En respuesta a ello, la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos a desarrollado las "Guías de Santiago sobre Atención a Víctimas y Protección a Testigos", como recomendaciones a ser aplicadas en los Ministerios Públicos que la conforman.

En la actualidad, AIAMP se encuentra en la etapa de implementación de la Red Ibero Americana de Fiscales contra la Trata de Seres Humanos, la cual de trabajará a través del Sistema de Comunicación Segura, Iber@.

Proyectos: Trata de Seres Humanos


Sitio Web: www.iberred.org/

Cumbre Judicial Ibero Americana (CJI)

La AIAMP conformó el grupo de trabajo que elaboró las Reglas de Brasilia, constituido en el seno de la Cumbre Judicial Iberoamericana, y en el que también participaron la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) y la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA).

Al mismo tiempo y como ya lo mencionamos, ambas redes conforman el grupo de apoyo a la IberRed.

Sitio Web: www.cumbrejudicial.org/

Oficina contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC)


Históricamente, la Asociación ha llevado a cabo varios proyectos con esta oficina de las Naciones Unidas; siendo los más relevantes, la colaboración en proyectos emblemáticos como Las Guías de Santiago sobre Atención a Víctimas y Protección de Testigos (financiamiento y apoyo de expertos) y el Proyecto sobre Trata de Seres Humanos AIAMP/MERCOSUR, que desde el año 2008 ha arrojado como fruto la realización de dos Cumbre Iberoamericanas sobre el tema, dos declaraciones de los Fiscales Generales, un convenció de cooperación, un Protocolo de actuación y la Red de Fiscales Especializados contra la Trata de Seres Humanos.

Proyectos:
  • Víctimas y testigos
  • Trata de Seres Humanos

Sitio Web: http://www.unodc.org/

Instituto Latinoameriocano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente

http://www.ilanud.or.cr/

 

Antecedentes del ILANUD

El artículo 55 de la Carta de las Naciones Unidas establece que una de las funciones principales de la ONU es crear condiciones de estabilidad y bienestar en el mundo. Es por esta razón que las Naciones Unidas debe promover: 1) niveles de vida más elevados, empleo pleno, y condiciones de progreso y desarrollo socioeconómico; 2) soluciones a los problemas internacionales económicos, sociales y de salud y cooperar con la cultura y la educación internacional; y 3) respeto y cumplimiento universal por los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. La Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000 estableció los objetivos del milenio en el documento Declaración del Milenio A/RES/55/2 de septiembre del 2000, que proyectan la labor de toda la organización hasta el año 2015. La labor del ILANUD se enmarca en la función de los citados objetivos.

Los problemas de criminalidad y justicia penal tocan muchas de estas áreas. Dentro del sistema de las Naciones Unidas, la responsabilidad principal con respecto a estas cuestiones yace en el Consejo Económico y Social (ECOSOC). Asimismo, en la Secretaría, estos temas constituyen el mandato de la Oficina de Drogas y Criminalidad las Naciones Unidas (UNODC). La política es establecida por la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, que forma parte del ECOSOC.

La Comisión fue establecida por la Asamblea General en la resolución 46/152 del 18 de diciembre de 1991, como parte de una importante reestructuración del Programa de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Justicia Penal.

Al iniciar su décima sesión, llevada a cabo entre el 6 y 7 de septiembre del 2001, la Comisión tomando en cuenta la Declaración de Viena sobre la Delincuencia y la Justicia (A/RES/55/59), aprobó la resolución II titulada “Planes de Acción para la Implementación de la Declaración de Viena sobre el Delito y la Justicia: Afrontando los Retos del Siglo XXI (E/2001/30/Rev.1)”, posteriormente adoptada por la Asamblea General, la cual establece temas prioritarios del Programa de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Justicia Penal.

El ILANUD adecuó su plan de trabajo en la región a dicha estructura temática. A su vez, la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas actualiza cada dos años las estrategias para llevar adelante el programa.

Otros documentos directrices de importancia son los que cada cinco años aprueban los Congresos Mundiales de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas muchos de los cuales son sancionados luego por la Asamblea General.

Con el fin de brindar capacitación, investigación, asistencia técnica y cooperación internacional en estos temas, las Naciones Unidas ha establecido una red de institutos interregionales y regionales. La red está conformada por la División de Tratados de la Oficina de Naciones Unidas sobre la Droga y el Delito, el Centro de Investigación y Capacitación Global en Turín, Italia (UNICRI) , institutos regionales en Europa (HEUNI, con sede en Helsinki, Finlandia), Asia y el Pacífico (UNAFEI con sede en Tokio, Japón), África (UNAFRI, con sede en Kampala, Uganda), y América Latina y el Caribe (ILANUD, en San José, Costa Rica).

Constitución de ILANUD

El ILANUD fue establecido en la ciudad de San José, Costa Rica, mediante acuerdo suscrito el 11 de junio de 1975 entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de la República de Costa Rica.

El mismo fue autorizado por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (Resoluciones 7311-FXXVII y 1584-L) y aprobado por la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, mediante la Ley No.6135 del 18 de noviembre de 1977.

El acuerdo constitutivo de ILANUD insta a los gobiernos de los países de la región a que participen y apoyen las actividades del Instituto, las cuales se concretan por medio de acuerdos bilaterales y de cooperación.

Hasta la fecha el ILANUD ha firmado acuerdos de cooperación con los siguientes gobiernos: Argentina (1989), Bolivia (1990), Brasil (1989), Costa Rica (1975), Colombia (1988), Cuba (1989), Ecuador (1988), España (1988), Guatemala (1988), Honduras (1986), Jamaica (1997), México (1986), Nicaragua (1993), Panamá (1991), Perú (1985), Uruguay (1989) y Venezuela (2006).

Objetivo general del ILANUD

El Acuerdo de creación del ILANUD establece en su artículo primero inciso 2 que el objetivo principal del Instituto es colaborar con los gobiernos en el desarrollo económico y social equilibrado de los países de América Latina y el Caribe, mediante la formulación e incorporación en los planes nacionales de desarrollo, de políticas e instrumentos de acción adecuados en el área de la prevención del delito y la justicia penal. Para alcanzar su objetivo principal, el ILANUD lleva a cabo una serie de actividades. Las más importantes son: Capacitación a través de seminarios, cursos, talleres, y reuniones de expertos, sobre los temas de prevención del delito y justicia penal que sean relevantes para los gobiernos de la región; Investigación criminológica y de los sistemas de justicia penal; Provisión de asistencia técnica; Recolección y difusión de información en temas de su competencia. ILANUD lleva a cabo sus principales funciones a través de programas y proyectos, los cuales incluyen, en cada caso, actividades de investigación, capacitación, asistencia técnica y difusión de información.

Los objetivos estratégicos del ILANUD son:

• Organizar programas de capacitación para los encargados de elaborar las políticas, los planificadores, los administradores y el personal técnico especializado en materia de prevención del delito y tratamiento del delincuente, incluyendo estudios teóricos y prácticos; desarrollar cursos y seminarios sobre temas especiales (incluidos los métodos y técnicas de investigación y planificación), para personal de diferentes categorías.

• Facilitar el intercambio de conocimientos técnicos y experiencias entre el personal de diferentes países de la región; y promover la preparación de materiales de formación y manuales.

• Recoger y difundir información, así como realizar investigaciones sistemáticas, multidisciplinarias y de carácter práctico, sobre las tendencias del delito en la región y los factores con ellas relacionados (con especial atención a los problemas nuevos y especiales, como la violencia, el uso indebido de estupefacientes, la corrupción, etc.) los costos económicos y sociales del delito y sus consecuencias para el desarrollo y la planificación; las necesidades y prioridades de acción en relación con el delito en los planos regional y subregional; las políticas y métodos convenientes de prevención del delito y lucha contra la delincuencia y las estrategias y programas globales de prevención del delito y justicia penal, a la luz de las condiciones prevalecientes en la región y en el contexto de la planificación socioeconómica nacional.

• Promover la adopción y aplicación por los gobiernos de normas, directrices y procedimientos que hayan recomendado las Naciones Unidas; promover un planteamiento integral de los problemas del delito y la justicia penal, vinculado con la planificación nacional general; contribuir a preparar, adaptar y poner en práctica políticas y programas eficaces para la prevención del delito y la justicia penal en la región, de conformidad con un plan internacional de acción y con otras recomendaciones de las Naciones Unidas en este sector.

• Contribuir al desarrollo y la aplicación de las políticas y programas de las Naciones Unidas para la prevención del delito y la justicia penal, en el plano regional.

• A petición de los gobiernos de la región, proporcionar servicios de asesoramiento y asistencia técnica que pueda requerirse.

• Promover la colaboración entre los países de la región en materia de prevención del delito y lucha contra la delincuencia, con miras al desarrollo de políticas comunes y a la iniciación de acciones conjuntas sobre cuestiones de interés mutuo.

• Promover la colaboración entre los países de la región en materia de prevención del delito y lucha contra la delincuencia, con miras al desarrollo de políticas comunes y a la iniciación de acciones conjuntas sobre cuestiones de interés mutuo.

 

Sistema de Integración Centroamericana.

http://www.sica.int/

 

El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), es el marco institucional de la Integración Regional Centroamericana, creado por los Estados de Costa RicaEl Salvador,GuatemalaHondurasNicaraguaPanamá. Posteriormente se adhirieron como miembros plenos Belize en el año 2000 y, a partir de 2013, la República Dominicana. El Sistema cuenta con un grupo de países Observadores Regionales y Extrarregionales. Los Observadores Regionales son: MéxicoChileBrasilArgentina, Perú, Estados Unidos de América, Ecuador, Uruguay y Colombia. Por otra parte, son Observadores Extrarregionales China (Taiwán),EspañaAlemania, Italia, Japón, Australia, Corea del Sur, Francia, la Santa Sede, Reino Unido, Unión Europea , Nueva Zelandia y Marruecos.

Actualmente se encuentran en proceso de incorporación bajo la categoría de Observador Regional Haití y como Observador Extrarregional Catar.

El Sistema de la Integración Centroamericana fue constituido el 13 de diciembre de 1991, mediante la suscripción del Protocolo a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) o Protocolo de Tegucigalpa, el cual reformó la Carta de la ODECA, suscrita originalmente en San Salvador, El Salvador, el 14 de octubre de 1951; entró en funcionamiento formalmente el 1 de febrero de 1993. La República de El Salvador es la sede del SICA.

La creación del SICA fue respaldada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su Resolución A/48 L del 10 de diciembre de 1993, quedando el Protocolo de Tegucigalpa debidamente inscrito ante la misma. Esto permite que sea invocado internacionalmente y, además, le permite a los órganos e instituciones regionales del SICA relacionarse con el Sistema de las Naciones Unidas.

El SICA tiene categoría de Observador Permanente de dicha Organización y mantiene vínculos de diálogo y cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comunidad Andina (CAN), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad del Caribe (CARICOM), la Asociación de Estados del Caribe (AEC), la Unión Europea (UE) entre otros esquemas cooperación o integración a nivel regional y mundial, así como con diversas instituciones internacionales.

El Sistema se diseñó tomando en cuenta las experiencias anteriores para la integración de la región, así como las lecciones legadas por los hechos históricos de la región, tales como las crisis políticas y los conflictos armados y los logros de instancias y entidades previos al SICA, hoy parte de la organización. Con base en esto, y sumadas las transformaciones constitucionales internas y la existencia de regímenes democráticos en Centroamérica, se estableció su objetivo fundamental, el cual es la realización de la integración de Centroamérica, para constituirla en una Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo, sustentada firmemente en el respeto, tutela y promoción de los derechos humanos.

Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos.

 

http://www.consejodeministeriospublicoscentroamericano.com/

 

El Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos fue constituido en Tegucigalpa, Honduras el 14 de Noviembre de 2002 y formalizado el 7 de marzo de 2003 en la ciudad de Guatemala, Guatemala, por los señores Fiscales Generales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. El objetivo principal del Consejo es constituirse en una instancia para la cooperación e intercambio de experiencias entre los Ministerios Públicos y para la formulación de políticas y adopción de instrumentos para la persecución penal de los delitos transnacionales . El Consejo ha sido incorporado en los trabajos de la Subcomisión Jurídica de la Comisión de Seguridad de Centroamérica en la XL Reunión de la Comisión de Seguridad de Centroamérica del SICA, celebrada en la ciudad de Belice, Belice el 19 de agosto del 2010.


Objetivos:

• Fortalecer la autonomía e independencia de los Ministerios Públicos en la organización estatal y su papel en la defensa de la legalidad y de los intereses de la sociedad e impulsar los procesos de reforma y consolidación de los sistemas de justicia en un marco de absoluto respeto por los derechos humanos y del Estado de Derecho.
• Reforzar los mecanismos de cooperación jurídica internacional y homologar y hacer más eficientes las diligencias y trámites procesales y administrativos vinculados con la obtención de las pruebas extra-jurisdiccionales para combatir los delitos transnacionales.
• Promover la cooperación y el intercambio de experiencias con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y la Asociación Internacional de Fiscales.
• Estrechar los vínculos de cooperación, solidaridad y enriquecimiento profesional recíprocos entre los Ministerios Públicos de países miembros.
• Proveer el establecimiento de estrategias comunes para enfrentar el crimen organizado transnacional.
• Establecer estrategias comunes para enfrentar los problemas fundamentales concernientes a los Ministerios Públicos.
• Vincular el desarrollo y fortalecimiento de los Ministerios Públicos, como una condición indispensable para la efectiva tutela de los derechos de las personas y la vigencia de los principios e instituciones del Estado de Derecho.
• Establecer vínculos de comunicación y cooperación con otros Ministerios Públicos y asociaciones de Ministerios Públicos del mundo.


Misión:

• Ser un ente que instaure y fortalezca los lazos de cooperación desde sus miembros hasta otras organizaciones internacionales, creando espacios conjuntos de debate, reflexión y lucha en pos de la autonomía y fortalecimiento de los Misterios Públicos, como defensores de los intereses generales de la sociedad y del Estado de Derecho.


Visión:

• Consolidar la autonomía de los Ministerios Públicos y ser una entidad que forje internacionalmente pautas en el desarrollo de la cooperación penal internacional, pretendiendo que los Ministerios Públicos sean pilares de los Estados de Derecho que representan.

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

http://www.aecid.es/ES/la-aecid

 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es el principal órgano de gestión de la Cooperación Española, orientada a la lucha contra la pobreza y al desarrollo humano sostenible. Según su Estatuto, la Agencia nace para fomentar el pleno ejercicio del desarrollo, concebido como derecho humano fundamental, siendo la lucha contra la pobreza parte del proceso de construcción de este derecho. Para ello sigue las directrices del IV Plan Director, en consonancia con la agenda internacional marcada por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y con atención a tres elementos transversales: la perspectiva de género, la calidad medioambiental y el respeto a la diversidad cultural.

La AECID está adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI). La Ley 23/1998, de 7 de Julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo contempla a la Agencia como órgano ejecutivo de la Cooperación Española, y enmarca su objeto dentro de sus prioridades: el fomento del desarrollo y del equilibrio en las relaciones internacionales, la prevención y atención de situaciones de emergencia, la promoción de la democracia y el impulso de las relaciones con los países socios. Para ello, cuenta como instrumentos la cooperación técnica, la cooperación económica y financiera, la ayuda humanitaria y la educación para el desarrollo y sensibilización social.

La Agencia, junto a sus socios, trabaja en más de 30 países a través de su red de Oficinas Técnicas de Cooperación, Centros Culturales y Centros de Formación.