Inicio de la XXVIII Asamblea General Ordinaria de la AIAMP
El 4 de noviembre de 2020 ha dado inicio la XXVIII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), que ha puesto énfasis en el impacto de la crisis sanitaria mundial sobre el sistema de justicia penal, escenario en el que la coordinación y la cooperación internacional resultan imprescindibles.
En el acto inaugural, el Fiscal Nacional de Chile, Jorge Abbott, quien preside AIAMP desde fines de 2019, destacó que la cooperación ha sido el eje clave, ámbito en que el apoyo de los socios estratégicos es esencial. “La continuidad de las labores de AIAMP, en medio de la pandemia es justamente el reflejo patente del alto nivel de compromiso de las instituciones que componen la Asociación, y del convencimiento de que trabajando de manera conjunta podemos ejecutar nuestras funciones y cumplir con nuestra misión de mejor manera. La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos ha promovido y seguirá promoviendo con fuerza la importancia de la autonomía e independencia de los Ministerios Públicos, como principios que aseguran el debido proceso y el acceso a la justicia”, destacó Abbott.
Por su parte, la Fiscal General del Estado del Reino de España, Dolores Delgado, quien ejerce la Secretaría Técnica de la AIAMP, subrayó que “la cooperación penal basada en los vínculos de confianza que se han generado en el seno de AIAMP han permitido el intercambio de experiencias para asegurar el acceso a la justicia especialmente de los colectivos más vulnerables”. Asimismo, aseguró que las Fiscalías, están llamadas a ser actores clave en la consecución de la Agenda 2030 y especialmente en la del ODS 16+ para lograr sociedades pacíficas, justas e inclusivas. “El trabajo que realizamos en el seno de AIAMP es fundamental para aunar esfuerzos en la defensa de las víctimas, la lucha contra la corrupción y toda forma de discriminación, y la defensa de los derechos sociales más elementales. Además, debemos redoblar los esfuerzos para prevenir y atender la violencia de género, especialmente contra las mujeres y las niñas y niños, durante la emergencia global por el Covid-19”, subrayó.
En la Asamblea se presentará el resultado de un año de gestión de las diferentes Redes Permanentes y Grupos de Trabajo que han elaborado protocolos y directrices en distintas temáticas clave para proteger los derechos de la ciudadanía, imponer el imperio de ley y procurar la reparación de las víctimas. Estas Redes cuentan además con el apoyo de la Unión Europea y de organismos de cooperación multilateral. Entre ellos son socios estratégicos el programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, que apoya a la Red Especializada en Temas de Género, al Grupo de Protección de Víctimas y Testigos y a la Red Anticorrupción; el Consejo de Europa, que colabora con CiberRed; ILANUD, que asiste al Grupo de Trabajo sobre Justicia Juvenil Restaurativa; el programa El PAcCTO, que apoya la Red de Cooperación Penal Internacional, la Red de Fiscales Antidroga y el Grupo de Recuperación de Activos y Decomisos; y UNODC, que trabaja con la Red Antidroga y con la Red de Trata de Personas.
También se debatirá la actualización de las “Guías de Santiago de Protección de Víctimas y Testigos”, que se ha realizado con el apoyo del Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, un texto de alcance regional, que fue aprobado inicialmente en 2008 y que recoge recomendaciones concretas dirigidas a las personas máximas responsables de los Ministerios Públicos y las Procuradurías. La actualización de esta Guía tiene un impacto directo en la cohesión social ya que supondrá un mayor acompañamiento a las víctimas que, además de ser atendidas en su proceso procesal y asegurar su protección, podrán tener un apoyo de recursos asistenciales y sociales. Para ello las Guías enfatizan la necesidad de una mayor coordinación interinstitucional y habilitan a los Fiscales o Procuradores nacionales para que puedan proponer reformas normativas o impulsar políticas públicas que aseguren estos servicios a las víctimas que van más allá del proceso penal.
El contenido del documento constituye un hito trascendental para la región en el derecho de la ciudadanía a un acceso adecuado y eficaz a la justicia. Con ello visibiliza una mirada de los Ministerios Públicos mucho más amplia sobre el fenómeno delictivo, y hace patente que en su función de protectores de la legalidad es prioritaria la atención y de las víctimas y los testigos.
Las Guías incluyen, también, el tratamiento a “los confidentes” para garantizar la eficacia de los procedimientos y su seguridad. Asimismo, se amplía el campo de actuación de las Fiscalías para proteger a otros actores procesales, como personas privadas de libertad, a los jueces, peritos, o cualquier funcionario o funcionaria público que pueda sentirse amenazado en un proceso judicial.
Al término de la Asamblea se realizará un seminario virtual, abierto al público, que analizará la compatibilidad del sistema acusatorio con las nuevas tecnologías virtuales.