La aplicación por parte de agentes estatales de torturas, la imposición de condiciones inhumanas de detención y el uso abusivo del poder coercitivo estatal, entre otras prácticas ilícitas constitutivas de violencia institucional, resultan lesivas para la libertad, la integridad, la dignidad y la vida de las personas. Son prácticas violatorias de los derechos humanos que por su gravedad, extensión y masividad afectan la vigencia plena del Estado democrático de derecho.
El Estado argentino, al ratificar diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, asumió frente a la comunidad internacional el compromiso de adoptar todas las medidas que resulten necesarias para prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
En ese marco, la Procuradora General de la Nación creó en marzo de 2013 la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), una adecuación institucional para el impulso de las acciones penales y la orientación de las investigaciones y juzgamiento de los delitos consumados mediante violencia institucional, que tienen como víctimas principalmente a personas en estado de vulnerabilidad.
El titular de la PROCUVIN tiene las siguientes funciones principales: intervenir como fiscal principal o coadyuvante en los casos que versen sobre hechos de la competencia de la Procuraduría, en todas las instancias; recibir denuncias y, cuando el caso lo requiera, disponer y realizar las medidas necesarias para determinar los extremos de los artículos 174 y del Código de Procedimiento Penal de la Nación (CPPN). En caso de considerarlo pertinente podrá remitir estas denuncias al/a la fiscal que corresponda; disponer la realización de investigaciones preliminares respecto de hechos que importen la violación de derechos humanos con el fin de requerir la instrucción del sumario (artículos 181 CPPN); asistir a las fiscalías y brindar la colaboración necesaria para la correcta investigación de los hechos que configuren delitos constitutivos de violencia institucional; disponer la realización de inspecciones en todos aquellos establecimientos en los cuales permanezcan personas privadas de su libertad a fin de controlar las condiciones de encierro, e instar acciones de protección y resguardo de su integridad; disponer las acciones interinstitucionales necesarias para la prevención, la investigación y el juzgamiento de los casos que configuren violaciones a los derechos humanos y/o delitos relacionados con la violencia institucional, con organismos públicos y organizaciones civiles vinculadas a la temática.
Para mayor información: http://www.mpf.gob.ar/procuvin/