Red de Minería Ilegal

La Red contra la Minería Ilegal fue creada en el marco de la XXVI Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos AIAMP, celebrada en México el 5 y 6  de septiembre de 2018, por parte de los Procuradores y Fiscales Generales miembros de la asociación, que acordaron que el Grupo de Trabajo contra la Minería Ilegal, liderado por la Fiscalía General de la Nación de Colombia, fuera transformado en Red.


La constitución de la Red se llevó a cabo el 27 de marzo de 2019, en la Ciudad de Cartagena de Indias, por parte de los representantes de los Ministerios Públicos y Fiscalías Generales Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, España, Panamá, Paraguay y Perú, miembros de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP).


Se decidió constituir la Red contra la Minería Ilegal de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos AIAMP, con el fin de continuar fortaleciendo la lucha contra la Minería Ilegal y sus delitos conexos y asociados.


El objetivo principal de la Red es promover y fortalecer la investigación y judicialización de la minería ilegal, sus delitos conexos y asociados.


  • Los objetivos específicos de la Red son:   
  • Fomentar el intercambio de experiencias exitosas y buenas prácticas en la investigación.
  • Intercambiar normatividad vigente en materia medioambiental para cada uno de los países miembros de la Red.
  • Optimizar los resultados investigativos relacionados con las conductas delictivas atinentes a la minería ilegal y sus delitos conexos.
  • Especializar a los operadores judiciales a cargo de la persecución de estos delitos, a través del fortalecimiento de sus capacidades.
  • Propender por la operatividad en la investigación de este tipo de conductas, mediante el intercambio de información entre las autoridades designadas.
  • Incentivar la comunicación constante a través de la Red o de manera directa entre los puntos de contacto designados, sin perjuicio de lo establecido en los instrumentos internacionales que desarrollan la cooperación judicial internacional, para la validez de los elementos materiales probatorios y evidencia dentro de los procesos penales que se adelanten en cada una de las jurisdicciones.
  • Propender por el uso de técnicas especiales de investigación en los casos que resulte procedente, tales como la utilización de agentes encubiertos, entregas controladas y formación de Equipos Conjuntos de Investigación, según los límites dispuestos en los tratados y normas vigentes, con miras a conferir mayor celeridad y practicidad en la persecución de crímenes que involucren delitos medioambientales.
  • Implementar estrategias investigativas de control y sistemas de alertas tempranas que coadyuven al desarrollo de procesos penales en cada uno de los países.