Información básica

Información Sobre La Organización De La Administración De Justicia En El Ámbito Penal

Concepto y alcance de la medida. (Cómo se define este concepto en cada país, qué abarca y qué normas son aplicables)
En el ordenamiento jurídico de nuestro país rige la competencia territorial.
Nuestro territorio esta dividido en Departamentos Judiciales, y en la actualidad 11 departamentos están en funcionamiento. En cada departamento judicial existe una corte de apelación ordinaria que puede tener plenitud de jurisdicción o estar divida en cámaras o salas civiles y/o comerciales y en cámaras o salas penales de la corte de apelación. A su vez, se ha extendido el número de los tribunales, al crear jurisdicciones especializadas, como es el caso de la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes. Los tribunales de segundo grado en nuestro país son las cortes de apelación, por regla general, y son tribunales colegiados. Hay 11 cortes de apelación ordinarias en funcionamiento, de las cuales tres tienen plenitud de jurisdicción, divididas en 8 Cámaras Civiles y Comerciales y 8 Cámaras o Salas Penales, con excepción del Distrito Nacional, donde hay tres Salas penales y dos civiles. Los departamentos Judiciales se componen en distritos judiciales que determina la ley, existiendo por norma un tribunal de primera instancia por cada distrito judicial, que puede ser dividido en salas o cámaras y son tribunales unipersonales. En el territorio nacional existen 34 distritos judiciales, en donde habrá un juzgado de primera instancia ordinario.

Posición Institucional De Ministerio Público, Procuraduría General Y/O Fiscalía  

Concepto y alcance de la medida. (Cómo se define este concepto en cada país, qué abarca y qué normas son aplicables)
El Ministerio Público dominicano es una institución del sistema de justicia, dependiente del Poder Ejecutivo, con autonomía presupuestaria e independencia funcional, cuya responsabilidad es poner en movimiento la persecución penal, dirigiendo la investigación de los crímenes y delitos, y garantizando la legalidad, además de la efectiva protección de las víctimas.