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Socios Estratégicos
La Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos posee múltiples relaciones con diversos organismos internacionales; siendo los más relevantes nuestros llamados socios estratégicos:
La Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) es una organización internacional de carácter intergubernamental creada en 1992 por el “Tratado de Madrid”, que agrupa a los Ministerios de Justicia e instituciones homólogas de los 22 países de la Comunidad Iberoamericana. Su objeto es el estudio y promoción de formas de cooperación jurídica entre los Estados miembros.
El actual Secretario General de la COMJIB es Enrique Gil Botero, quien asumió el cargo en septiembre del año 2019. El Secretario General es el encargado de impulsar, desarrollar y dar seguimiento a las líneas de acción acordadas en las Reuniones Plenarias.
AIAMP Y COMJIB han desarrollado diversos acuerdos que se traducen en apoyo de parte de la Conferencia a diferentes actividades de la Asociación, como las Asambleas Generales, llevadas a cabo anualmente.
Sitio Web: http://www.comjib.org/
La Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed) es una herramienta de cooperación, en materia civil y penal, puesta a disposición de los operadores jurídicos de 22 países Iberoamericanos y del Tribunal Supremo de Puerto Rico (incluyendo España, Portugal y Andorra), que beneficia a más de 500 millones de ciudadanos.
IberRed fue constituida el 30 de octubre de 2004 en Cartagena de Indias (Colombia) con el consenso de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI) y la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). Reúne a los Ministerios de Justicia, los Ministerios Públicos y Fiscalías Generales, y los Poderes Judiciales, a través de sus puntos de contacto, así como a las autoridades centrales, a través de sus enlaces, para facilitar la cooperación jurídica internacional.
En el marco de la XXVII Asamblea General Ordinaria de la AIAMP, celebrada en la Ciudad de Asunción -Paraguay- los días 7 y 8 de noviembre de 2019, se creó un nuevo Grupo de Trabajo cuya finalidad es analizar los cambios necesarios del Reglamento de IberRed, especialmente en lo referido a la gobernanza de dicha Red, a fin de consensuar una posición sobre las modificaciones por parte de la Asociación para ser presentada a IberRed, así como participar de las negociaciones necesarias para avanzar hacia un nuevo reglamento.
IberRed posee una página web con un acceso público y otro privado que constituye un sistema de comunicación seguro, denominado Iber@, para los puntos de contacto y autoridades centrales. La seguridad del sistema Iber@ y su fácil uso y accesibilidad permiten un “entorno colaborativo 2.0” por el cual los miembros pueden interactuar para optimizar la gestión del conocimiento con respecto a lo desarrollado por IberRed.
La nueva plataforma Iber@ que entrará en funcionamiento en marzo de 2021 ha contado para su actualización y desarrollo con el inestimable apoyo del Consejo General del Notariado de España y su plataforma tecnológica ANCERT.
Sitio Web: https://iberred.notariado.org/
La Cumbre Judicial Iberoamericana es ante todo una estructura de cooperación, concertación e intercambio de experiencias, que se articula a través de las máximas instancias de los Poderes Judiciales de la región Iberoamericana.
El principal objetivo de la Cumbre Judicial Iberoamericana es la “adopción de proyectos y acciones concertadas, desde la convicción de que la existencia de un acervo cultural común constituye un instrumento privilegiado que, sin menoscabo del necesario respeto a la diferencia, contribuye al fortalecimiento del Poder Judicial y, por extensión, del sistema democrático”. La Cumbre Judicial Iberoamericana cuenta con sus normas de funcionamiento interno, así como con una Secretaría Permanente, actualmente desempeñada por la Suprema Corte de Justicia de la República Oriental del Uruguay. Su función es coordinar y prestar asistencia a la Secretaría Pro-tempore, que recae en los países anfitriones de las sucesivas ediciones, encargados de la organización de los eventos. Asimismo existe un Coordinador Nacional por país que asegura el contacto permanente entre la Institución y las dos Secretarías: la Secretaría Permanente y la Secretaría Pro-tempore.
La AIAMP conformó el grupo de trabajo que elaboró las Reglas de Brasilia, constituido en el seno de la Cumbre Judicial Iberoamericana, y en el que también participaron la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) y la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA).
Sitio Web: www.cumbrejudicial.org/
Históricamente, la AIAMP ha contado con el apoyo de esta oficina de las Naciones Unidas en numerosos proyectos, entre otros, el apoyo técnico y financiero en la redacción del primer documento de las "Guías de Santiago para la protección de víctimas y testigos" en el año 2008.
Más recientemente destaca el apoyo financiero a la Red contra la Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes así como a la Red de fiscales Antidroga Iberoamericanos.
Sitio Web: https://www.unodc.org/
El artículo 55 de la Carta de las Naciones Unidas establece que una de las funciones principales de la ONU es crear condiciones de estabilidad y bienestar en el mundo. Es por esta razón que las Naciones Unidas debe promover: 1) niveles de vida más elevados, empleo pleno, y condiciones de progreso y desarrollo socioeconómico; 2) soluciones a los problemas internacionales económicos, sociales y de salud y cooperar con la cultura y la educación internacional; y 3) respeto y cumplimiento universal por los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. La Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000 estableció los objetivos del milenio en el documento Declaración del Milenio A/RES/55/2 de septiembre del 2000, que proyectan la labor de toda la organización hasta el año 2015. La labor del ILANUD se enmarca en la función de los citados objetivos.
Los problemas de criminalidad y justicia penal tocan muchas de estas áreas. Dentro del sistema de las Naciones Unidas, la responsabilidad principal con respecto a estas cuestiones yace en el Consejo Económico y Social (ECOSOC). Asimismo, en la Secretaría, estos temas constituyen el mandato de la Oficina de Drogas y Criminalidad las Naciones Unidas (UNODC). La política es establecida por la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, que forma parte del ECOSOC.
La Comisión fue establecida por la Asamblea General en la resolución 46/152 del 18 de diciembre de 1991, como parte de una importante reestructuración del Programa de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Justicia Penal.
Al iniciar su décima sesión, llevada a cabo entre el 6 y 7 de septiembre del 2001, la Comisión tomando en cuenta la Declaración de Viena sobre la Delincuencia y la Justicia (A/RES/55/59), aprobó la resolución II titulada “Planes de Acción para la Implementación de la Declaración de Viena sobre el Delito y la Justicia: Afrontando los Retos del Siglo XXI (E/2001/30/Rev.1)”, posteriormente adoptada por la Asamblea General, la cual establece temas prioritarios del Programa de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Justicia Penal.
El ILANUD adecuó su plan de trabajo en la región a dicha estructura temática. A su vez, la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas actualiza cada dos años las estrategias para llevar adelante el programa.
Otros documentos directrices de importancia son los que cada cinco años aprueban los Congresos Mundiales de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas muchos de los cuales son sancionados luego por la Asamblea General.
Con el fin de brindar capacitación, investigación, asistencia técnica y cooperación internacional en estos temas, las Naciones Unidas ha establecido una red de institutos interregionales y regionales. La red está conformada por la División de Tratados de la Oficina de Naciones Unidas sobre la Droga y el Delito, el Centro de Investigación y Capacitación Global en Turín, Italia (UNICRI) , institutos regionales en Europa (HEUNI, con sede en Helsinki, Finlandia), Asia y el Pacífico (UNAFEI con sede en Tokio, Japón), África (UNAFRI, con sede en Kampala, Uganda), y América Latina y el Caribe (ILANUD, en San José, Costa Rica).
El ILANUD fue establecido en la ciudad de San José, Costa Rica, mediante acuerdo suscrito el 11 de junio de 1975 entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de la República de Costa Rica.
El Acuerdo de creación del ILANUD establece en su artículo primero inciso 2 que el objetivo principal del Instituto es colaborar con los gobiernos en el desarrollo económico y social equilibrado de los países de América Latina y el Caribe, mediante la formulación e incorporación en los planes nacionales de desarrollo, de políticas e instrumentos de acción adecuados en el área de la prevención del delito y la justicia penal. Para alcanzar su objetivo principal, el ILANUD lleva a cabo una serie de actividades. Las más importantes son: Capacitación a través de seminarios, cursos, talleres, y reuniones de expertos, sobre los temas de prevención del delito y justicia penal que sean relevantes para los gobiernos de la región; Investigación criminológica y de los sistemas de justicia penal; Provisión de asistencia técnica; Recolección y difusión de información en temas de su competencia. ILANUD lleva a cabo sus principales funciones a través de programas y proyectos, los cuales incluyen, en cada caso, actividades de investigación, capacitación, asistencia técnica y difusión de información.
Los objetivos estratégicos del ILANUD son:
• Organizar programas de capacitación para los encargados de elaborar las políticas, los planificadores, los administradores y el personal técnico especializado en materia de prevención del delito y tratamiento del delincuente, incluyendo estudios teóricos y prácticos; desarrollar cursos y seminarios sobre temas especiales (incluidos los métodos y técnicas de investigación y planificación), para personal de diferentes categorías.
• Facilitar el intercambio de conocimientos técnicos y experiencias entre el personal de diferentes países de la región; y promover la preparación de materiales de formación y manuales.
• Recoger y difundir información, así como realizar investigaciones sistemáticas, multidisciplinarias y de carácter práctico, sobre las tendencias del delito en la región y los factores con ellas relacionados (con especial atención a los problemas nuevos y especiales, como la violencia, el uso indebido de estupefacientes, la corrupción, etc.) los costos económicos y sociales del delito y sus consecuencias para el desarrollo y la planificación; las necesidades y prioridades de acción en relación con el delito en los planos regional y subregional; las políticas y métodos convenientes de prevención del delito y lucha contra la delincuencia y las estrategias y programas globales de prevención del delito y justicia penal, a la luz de las condiciones prevalecientes en la región y en el contexto de la planificación socioeconómica nacional.
• Promover la adopción y aplicación por los gobiernos de normas, directrices y procedimientos que hayan recomendado las Naciones Unidas; promover un planteamiento integral de los problemas del delito y la justicia penal, vinculado con la planificación nacional general; contribuir a preparar, adaptar y poner en práctica políticas y programas eficaces para la prevención del delito y la justicia penal en la región, de conformidad con un plan internacional de acción y con otras recomendaciones de las Naciones Unidas en este sector.
• Contribuir al desarrollo y la aplicación de las políticas y programas de las Naciones Unidas para la prevención del delito y la justicia penal, en el plano regional.
• A petición de los gobiernos de la región, proporcionar servicios de asesoramiento y asistencia técnica que pueda requerirse.
• Promover la colaboración entre los países de la región en materia de prevención del delito y lucha contra la delincuencia, con miras al desarrollo de políticas comunes y a la iniciación de acciones conjuntas sobre cuestiones de interés mutuo.
• Promover la colaboración entre los países de la región en materia de prevención del delito y lucha contra la delincuencia, con miras al desarrollo de políticas comunes y a la iniciación de acciones conjuntas sobre cuestiones de interés mutuo.
Dentro del ámbito de nuestra Asociación, ILANUD colabora activamente con el Grupo de Trabajo de Justicia Juvenil Restaurativa, coordinado por la Fiscalía de Chile.
La Unión Europea mantiene una estrecha colaboración con la AIAMP a través, principalmente, de dos programas: El PAcCTO (Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado) y EUROsociAL+ (Programa para la cohesión social en América Latina).
En la actualidad, el Programa El PAcCTO apoya al Grupo de Extinción de Dominio y Decomiso de la AIAMP, coordinado por la Fiscalía de Colombia.
Asimismo, presta asistencia a la Red de Cooperación Penal Internacional y la Red de fiscales Antidroga Iberoamericanos.
El programa EUROsociAL+ ha prestado asistencia técnica al Grupo de Trabajo sobre atención y protección de víctimas y testigos, y fruto de este trabajo se ha finalizado en octubre de 2020 el nuevo texto actualizado de las "Guías de Santiago para la protección de víctimas y testigos".
EUROsociAL+ presta asimismo asistencia técnico-financiera a la Red especializada en Temas de Género así como a la Red de fiscales contra la Corrupción.
A través del siguiente enlace se puede ampliar información relativa al acompañamiento de EUROsociAL+ a la AIAMP.
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/11/10_AIAMP.pdf
También el Consejo de Europa colabora activamente con nuestra Asociación. En concreto, presta su ayuda a la Red de fiscales especializados en ciberdelincuencia, CiberRed/CiberRede, coordinada por el Ministerio Público de Portugal.
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es el principal órgano de gestión de la Cooperación Española, orientada a la lucha contra la pobreza y al desarrollo humano sostenible. Según su Estatuto, la Agencia nace para fomentar el pleno ejercicio del desarrollo, concebido como derecho humano fundamental, siendo la lucha contra la pobreza parte del proceso de construcción de este derecho. Para ello sigue las directrices del V Plan Director de la Cooperación Española, con atención a los elementos transversales de la Cooperación Española: el enfoque basado en los derechos humanos y las libertades fundamentales, la perspectiva de género, la calidad medioambiental y el respeto a la diversidad cultural, en consonancia con la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en 2015 y que regirá los planes de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años. Se plantean 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que incluyen poner fin a la pobreza en el mundo, erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria, garantizar una vida sana y una educación de calidad, lograr la igualdad de género, asegurar el acceso al agua y la energía, promover el crecimiento económico sostenido, adoptar medidas urgentes contra el cambio climático, promover la paz y facilitar el acceso a la justicia.
La AECID está adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional. La Ley 23/1998, de 7 de Julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo contempla a la Agencia como órgano ejecutivo de la Cooperación Española, y enmarca su objeto dentro de sus prioridades: el fomento del desarrollo y del equilibrio en las relaciones internacionales, la prevención y atención de situaciones de emergencia, la promoción de la democracia y el impulso de las relaciones con los países socios. Para ello, cuenta con instrumentos como la cooperación técnica, la cooperación económica y financiera, la ayuda humanitaria y la educación para el desarrollo y sensibilización social.
La AECID, junto a sus socios, trabaja en más de 30 países a través de su red de Oficinas Técnicas de Cooperación, Centros Culturales y Centros de Formación.
Con respecto a la AIAMP, la Red contra la Trata de Personas y tráfico ilícito de Migrantes cuenta con la financiación de AECID.
Asimismo, colabora activamente en la organización y celebración de las reuniones presenciales de los puntos de contacto de las Redes Permanentes y Grupos de Trabajo de la AIAMP, que se llevan a cabo en las distintos Centros de Formación distribuidos por la geografía de Iberoamérica.
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) es el organismo internacional de apoyo a los 22 países que conforman la comunidad iberoamericana: los 19 de América Latina de lengua castellana y portuguesa, y los de la Península Ibérica España, Portugal y Andorra. Apoyan la organización de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, dando cumplimiento a sus mandatos, e impulsando la Cooperación Iberoamericana en el ámbito de la educación, la cohesión social y la cultura.
En la XVIII Cumbre Iberoamericana (El Salvador, 2008), los Jefes de Estado y de Gobierno adoptaron el Consenso de San Salvador, en virtud del cual acordaron que, “… con el objeto de fortalecer el espacio iberoamericano potenciando y favoreciendo la articulación de los distintos actores que realizan tareas significativas en la región, se crea un Registro de Redes Iberoamericanas bajo la responsabilidad de la SEGIB. La inscripción en dicho registro habilitará a las redes a utilizar la denominación “Red Iberoamericana” en el marco de la Conferencia Iberoamericana.”
El Registro de Redes Iberoamericano es un espacio de intercambio y acción. Un espacio que apuesta por el multilateralismo, la cooperación, el desarrollo sostenible y la solidaridad a través de la participación y el diálogo de todos los actores sociales que coexisten en una región plural, con diversas realidades y muchas necesidades.
El 5 de noviembre de 2020, en el marco de la celebración de la XXVIII Asamblea General de la AIAMP, la Secretaria General Iberoamericana, Dña. Rebeca Grynspan anunció formalmente la inscripción de la AIAMP en el Registro de Redes Iberoamericanas de la SEGIB.
Eurojust, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal, es un centro único con sede en La Haya (Países Bajos), donde las autoridades judiciales nacionales colaboran estrechamente en la lucha contra las formas graves de delincuencia transfronteriza organizada. La función de Eurojust es ayudar a hacer de Europa un lugar más seguro mediante la coordinación del trabajo de las autoridades nacionales, tanto de los Estados miembros de la UE como de terceros países, en la investigación y la persecución de la delincuencia transnacional.
Cada Estado miembro participante envía a un miembro nacional en comisión de servicios a Eurojust. Los miembros nacionales constituyen el Colegio de Eurojust, responsable del trabajo operativo de la Agencia. El Colegio, a su vez, cuenta con el apoyo de la Administración de Eurojust, integrada por analistas de casos, asesores jurídicos y expertos en datos, entre otros. Las instalaciones, construidas expresamente para la Agencia, ofrecen sala de reunión seguras, con servicio de interpretación a todas las lenguas de la UE, y una sala de reuniones concebida en concreto para los centros de coordinación, desde la que se pueden supervisar y coordinar en tiempo real las jornadas de acción conjunta.
Eurojust ha desarrollado una red internacional cohesionada que concede a los fiscales de toda la Unión Europea acceso a más de 50 jurisdicciones en todo el mundo. La Agencia ha firmado acuerdos de cooperación con una docena de Estados no pertenecientes a la UE, algunos de los cuales han enviado en comisión de servicio a Eurojust a fiscales de enlace para trabajar en casos con sus homólogos del Colegio. Eurojust también colabora estrechamente con otras agencias y socios de la UE que prestan apoyo en los diversos eslabones de la cadena de la justicia penal, incluidos los cuerpos policiales y los organismos de lucha contra el fraude.
Sitio Web: https://www.eurojust.europa.eu
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) es el organismo internacional de apoyo a los 22 países que conforman la comunidad iberoamericana: los 19 de América Latina de lengua castellana y portuguesa, y los de la Península Ibérica España, Portugal y Andorra. Apoyan la organización de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, dando cumplimiento a sus mandatos, e impulsando la Cooperación Iberoamericana en el ámbito de la educación, la cohesión social y la cultura.
En la XVIII Cumbre Iberoamericana (El Salvador, 2008), los Jefes de Estado y de Gobierno adoptaron el Consenso de San Salvador, en virtud del cual acordaron que, “… con el objeto de fortalecer el espacio iberoamericano potenciando y favoreciendo la articulación de los distintos actores que realizan tareas significativas en la región, se crea un Registro de Redes Iberoamericanas bajo la responsabilidad de la SEGIB. La inscripción en dicho registro habilitará a las redes a utilizar la denominación “Red Iberoamericana” en el marco de la Conferencia Iberoamericana.”
El Registro de Redes Iberoamericano es un espacio de intercambio y acción. Un espacio que apuesta por el multilateralismo, la cooperación, el desarrollo sostenible y la solidaridad a través de la participación y el diálogo de todos los actores sociales que coexisten en una región plural, con diversas realidades y muchas necesidades.
El 5 de noviembre de 2020, en el marco de la celebración de la XXVIII Asamblea General de la AIAMP, la Secretaria General Iberoamericana, Dña. Rebeca Grynspan anunció formalmente la inscripción de la AIAMP en el Registro de Redes Iberoamericanas de la SEGIB.
Sitio web: www.segib.org