Nació en el cantón Cañar, en 1973. Es un jurista con una sólida formación académica y una trayectoria institucional consolidada. Obtuvo los títulos de Doctor en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales de la República por la Universidad Católica de Cuenca.

Cuenta con una maestría en Derecho Penal con mención en criminalidad compleja, así como especializaciones en derecho penal y justicia indígena, y derecho procesal penal, obtenida en el exterior. Posee, además, un diplomado en Técnicas de Negociación, Mediación de Crisis y Construcción de Consensos, otorgado por el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina.

Ha fortalecido su formación mediante cursos internacionales, entre estos: Trata de Personas y Explotación Infantil (El Salvador), Prácticas para Combatir la Corrupción Pública (INL, Estados Unidos) y Litigación Oral (Estados Unidos). Además, ha participado en conferencias y mesas de trabajo en Chile, Colombia y Estados Unidos, en el marco de la lucha contra la corrupción, crimen organizado y lavado de activos.

Con 23 años de ejercicio profesional, la mayoría dedicados a la Fiscalía General del Estado, ha construido una carrera basada en méritos. Mediante concursos de méritos y oposición, ha desempeñado progresivamente los cargos de Asistente, Secretario y Agente Fiscal, experiencia que le ha permitido comprender a profundidad la operatividad y administración del Sistema de Justicia penal.

A lo largo de su trayectoria, ha ejercido funciones en unidades clave, como Multicompetente, Flagrancia, Personas y Garantías, así como en la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti).

También ha asumido responsabilidades de alto nivel como coordinador de la Unidad Especializada de Delitos contra la Administración Pública, de Fuerza de Tarea y Unidad Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, funciones que le permitieron convertirse en enlace con organismos internacionales de cooperación de Estados Unidos y Reino Unido en materia anticorrupción, mismas que contribuyeron a la consolidación y creación de la Unidad Selecta Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

Su amplia experiencia en investigación penal, gestión pública y conducción operativa respalda su capacidad para dirigir con solvencia las funciones de la Fiscalía General del Estado.

La Fiscalía General del Estado

La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible; funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera. La Fiscal o el Fiscal General es su máxima autoridad y representante legal y actuará con sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso.

Según el Art. 195 de la Constitución de la República la Fiscalía General del Estado:

Dirigirá de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas.

De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el Juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación penal.

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación, dé medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial,

Dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; y,

Cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley.

Misión

La Fiscalía General del Estado es una institución autónoma, que dirige la investigación preprocesal y procesal penal, procurando el acceso a la justicia con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas.

Visión

La Fiscalía General del Estado será una institución integrada por personal especializado y comprometido en la procuración de la justicia reconocida por su lucha contra el crimen y la inseguridad, mediante la innovación de procesos y operaciones, la transparencia de la gestión y la efectividad en la reducción de la impunidad.