Cooperación, independencia y autonomía

¿Qué hacemos?

Teniendo como eje principal fortalecer los vínculos con sus Ministerios Públicos miembros; desarrollar estrategias comunes para enfrentar los principales delitos que afectan a la sociedad; y el facilitar los vínculos y comunicación con otras asociaciones, la AIAMP:

  • Procura lazos de cooperación con otras organizaciones que concurran a objetivos similares.

  • Insta por la autonomía e independencia del Ministerio Público en la organización estatal y por el fortalecimiento de su rol en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.

  • Propicia, acompaña y sostiene el proceso de transformación y consolidación del sistema de administración de justicia, en pos de alcanzar eficacia acorde con los principios del Estado de Derecho.

  • Ofrece un ámbito para la colaboración, reflexión, estudio y debate conjunto, sobre las distintas cuestiones que preocupan a los integrantes de los Ministerios Públicos.

  • Propicia el intercambio cultural y científico a través de informes, publicaciones, conferencias, visitas mutuas y todos los medios adecuados para alcanzar estos fines.

  • Establece y fortalece los lazos internacionales de cooperación con la finalidad de agilizar las diligencias y trámites vinculados con la producción de pruebas e informes en el proceso penal.

  • Procura la colaboración de los Ministerios Públicos para el suministro de información y pruebas, cuando fuera legalmente pertinente, a los órganos encargados de la acusación ante los tribunales penales internacionales.

  • Establece lazos de cooperación con organismos gubernamentales o no gubernamentales, especialmente con los órganos de policía criminal.

  • Desarrolla estrategias conjuntas para enfrentar de manera coordinada aquellas formas de criminalidad más compleja que amenazan nuestras sociedades, en especial el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y la trata de personas.

  • Favorece la creación de instancias e instrumentos que permitan una adecuada protección y atención a las víctimas del delito, con énfasis en aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

  • Facilita la cooperación técnica, el traspaso de conocimientos y buenas prácticas, la transferencia tecnológica y, en general, el acceso a recursos que permitan mejorar la eficiencia y eficacia de los Ministerios Públicos.