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¿Qué hacemos?
Teniendo como eje principal fortalecer los vínculos con sus Ministerios Públicos miembros; desarrollar estrategias comunes para enfrentar los principales delitos que afectan a la sociedad; y el facilitar los vínculos y comunicación con otras asociaciones, la AIAMP:
Procura lazos de cooperación con otras organizaciones que concurran a objetivos similares.
Insta por la autonomía e independencia del Ministerio Público en la organización estatal y por el fortalecimiento de su rol en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.
Propicia, acompaña y sostiene el proceso de transformación y consolidación del sistema de administración de justicia, en pos de alcanzar eficacia acorde con los principios del Estado de Derecho.
Ofrece un ámbito para la colaboración, reflexión, estudio y debate conjunto, sobre las distintas cuestiones que preocupan a los integrantes de los Ministerios Públicos.
Propicia el intercambio cultural y científico a través de informes, publicaciones, conferencias, visitas mutuas y todos los medios adecuados para alcanzar estos fines.
Establece y fortalece los lazos internacionales de cooperación con la finalidad de agilizar las diligencias y trámites vinculados con la producción de pruebas e informes en el proceso penal.
Procura la colaboración de los Ministerios Públicos para el suministro de información y pruebas, cuando fuera legalmente pertinente, a los órganos encargados de la acusación ante los tribunales penales internacionales.
Establece lazos de cooperación con organismos gubernamentales o no gubernamentales, especialmente con los órganos de policía criminal.
Desarrolla estrategias conjuntas para enfrentar de manera coordinada aquellas formas de criminalidad más compleja que amenazan nuestras sociedades, en especial el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y la trata de personas.
Favorece la creación de instancias e instrumentos que permitan una adecuada protección y atención a las víctimas del delito, con énfasis en aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
Facilita la cooperación técnica, el traspaso de conocimientos y buenas prácticas, la transferencia tecnológica y, en general, el acceso a recursos que permitan mejorar la eficiencia y eficacia de los Ministerios Públicos.