La Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) es una organización internacional de carácter intergubernamental creada en 1992 por el “Tratado de Madrid”, que agrupa a los Ministerios de Justicia e instituciones homólogas de los 22 países de la Comunidad Iberoamericana. Su objeto es el estudio y promoción de formas de cooperación jurídica entre los Estados miembros.

El actual Secretario General de la COMJIB es Enrique Gil Botero, quien asumió el cargo en septiembre del año 2019. El Secretario General es el encargado de impulsar, desarrollar y dar seguimiento a las líneas de acción acordadas en las Reuniones Plenarias.

AIAMP Y COMJIB han desarrollado diversos acuerdos que se traducen en apoyo de parte de la Conferencia a diferentes actividades de la Asociación, como las Asambleas Generales, llevadas a cabo anualmente.

Sitio Web: http://www.comjib.org/

La Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed) es una herramienta de cooperación, en materia civil y penal, puesta a disposición de los operadores jurídicos de 22 países Iberoamericanos y del Tribunal Supremo de Puerto Rico (incluyendo España, Portugal y Andorra), que beneficia a más de 500 millones de ciudadanos.

IberRed fue constituida el 30 de octubre de 2004 en Cartagena de Indias (Colombia) con el consenso de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI) y la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). Reúne a los Ministerios de Justicia, los Ministerios Públicos y Fiscalías Generales, y los Poderes Judiciales, a través de sus puntos de contacto, así como a las autoridades centrales, a través de sus enlaces, para facilitar la cooperación jurídica internacional.

En el marco de la XXVII Asamblea General Ordinaria de la AIAMP, celebrada en la Ciudad de Asunción -Paraguay- los días 7 y 8 de noviembre de 2019, se creó un nuevo Grupo de Trabajo cuya finalidad  es analizar los cambios necesarios del Reglamento de IberRed, especialmente en lo referido a la gobernanza de dicha Red, a fin de consensuar una posición sobre las modificaciones por parte de la Asociación para ser presentada a IberRed, así como participar de las negociaciones necesarias para avanzar hacia un nuevo reglamento.

IberRed posee una página web con un acceso público y otro privado que constituye un sistema de comunicación seguro, denominado Iber@, para los puntos de contacto y autoridades centrales. La seguridad del sistema Iber@ y su fácil uso y accesibilidad permiten un “entorno colaborativo 2.0” por el cual los miembros pueden interactuar para optimizar la gestión del conocimiento con respecto a lo desarrollado por IberRed.

La nueva plataforma Iber@ que entrará en funcionamiento en marzo de 2021 ha contado para su actualización y desarrollo con el inestimable apoyo del Consejo General del Notariado de España y su plataforma tecnológica ANCERT.

Sitio Web: https://iberred.notariado.org/

La Cumbre Judicial Iberoamericana es ante todo una estructura de cooperación, concertación e intercambio de experiencias, que se articula a través de las máximas instancias de los Poderes Judiciales de la región Iberoamericana.

El principal objetivo de la Cumbre Judicial Iberoamericana es la “adopción de proyectos y acciones concertadas, desde la convicción de que la existencia de un acervo cultural común constituye un instrumento privilegiado que, sin menoscabo del necesario respeto a la diferencia, contribuye al fortalecimiento del Poder Judicial y, por extensión, del sistema democrático”. La Cumbre Judicial Iberoamericana cuenta con sus normas de funcionamiento interno, así como con una Secretaría Permanente, actualmente desempeñada por la Suprema Corte de Justicia de la República Oriental del Uruguay. Su función es coordinar y prestar asistencia a la Secretaría Pro-tempore, que recae en los países anfitriones de las sucesivas ediciones, encargados de la organización de los eventos. Asimismo existe un Coordinador Nacional por país que asegura el contacto permanente entre la Institución y las dos Secretarías: la Secretaría Permanente y la Secretaría Pro-tempore.

La AIAMP conformó el grupo de trabajo que elaboró las Reglas de Brasilia, constituido en el seno de la Cumbre Judicial Iberoamericana, y en el que también participaron la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) y la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA).

Sitio Web: www.cumbrejudicial.org/

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito tiene como objetivo ayudar a los Estados Miembros a abordar los apremiantes desafíos globales relacionados con las drogas, la delincuencia, la corrupción y el terrorismo a lo largo del año. La UNODC ofrece a los Estados orientaciones estratégicas y los objetivos generales de la Oficina, y les comunica los eventos e hitos más significativos que en cada año han definido las actividades, las estrategias y el marco operativo de la UNODC.

La UNODC desarrolla una labor en diversas áreas estratégicas y temáticas, como la lucha contra el problema mundial de las drogas, la delincuencia organizada, la corrupción y el terrorismo, así como sus iniciativas en materia de prevención del delito y justicia penal.

Como parte del programa global para desmantelar redes criminales, en 2016 se puso en marcha el programa CRIMJUST, que busca contribuir a la reducción del impacto de la delincuencia organizada y la corrupción conexa en la seguridad y el estado de derecho de los países y regiones a lo largo de las rutas de tráfico ilícito. Inicialmente, el programa se centró en el desarrollo de capacidades técnicas a lo largo de la ruta de la cocaína, antes de reorientar su enfoque estratégico hacia la facilitación de la cooperación en justicia penal para promover las investigaciones posteriores a las incautaciones en 2019.

CRIMJUST colabora activamente con INTERPOL para complementar su implementación, brindando apoyo operativo oportuno en casos de tráfico ilícito transnacional y promoviendo las investigaciones posteriores a las incautaciones y las investigaciones financieras. Esto incluye el despliegue de Equipos de Apoyo Operativo de INTERPOL tras importantes y relevantes actividades de interdicción.​

COPOLAD es un programa de cooperación delegada financiado por la Unión Europea dotado con un presupuesto de 15 millones de euros y un plazo de ejecución de 4 años desde febrero de 2021.

En el marco de los principios en los que se basa la nueva estrategia de la UE en materia de drogas, el programa acompañará a los países de América Latina y el Caribe en la mejora de sus políticas sobre drogas.

El objetivo es apoyar a la consecución de mejores resultados en relación con la promoción y defensa de los derechos humanos, la equidad de género, la salud pública, la seguridad ciudadana y otras dimensiones del desarrollo sostenible.

La International Association of Prosecutors [IAP] es una asociación mundial de miembros de la Procuraduría y del Ministerio Fiscal. Es una organización apolítica y no gubernamental, creada como respuesta al rápido crecimiento de la delincuencia internacional, en Junio de 1995 en la sede de las Naciones Unidas en Viena.

La Visión de la IAP

La IAP es una comunidad internacional de miembros de la Procuraduría y del Ministerio Fiscal comprometida con el establecimiento y desarrollo de estándares profesionales éticos y de conducta a nivel mundial; promoviendo el estado de derecho, la justifica, imparcialidad y el respeto de los derechos humanos, así como la mejora de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen su misión consiste en ser una autoridad mundial para los miembros de la Procuraduría y del Ministerio Fiscal en el desarrollo de la persecución penal y materias relacionadas con la misma y con objeto de operar como una organización de prestigio de referencia internacionales., 

La IAP cuenta con 150 organizaciones miembros y más de 1700 miembros individuales procedentes de las diversas regiones del mundo y disfruta de un estatuto consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Trabaja en colaboración con muchas organizaciones regionales e internacionales como la UNODC [Oficina de las Naciones Unidas de Drogas y Crimen], OSCE [Organización para la Cooperación y Seguridad en Europa], el Consejo de Europa, IBA [International Bar Association], la American Bar Association [ABA], UNDP [el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas], la Secretaría de la Commonwealth, ILAC [International Legal Assistance Consortium] y la ISRCL [International Society for the reform of Criminal Law ],así como otras muchas.

El Comité Ejecutivo de la Asociación se integra por miembros procedentes de todas las regiones del mundo y elige a un Presidente y Vicepresidentes. También nombra al Secretario General, que es el responsable de la administración diaria de la Asociación y un Asesor General, responsable del programa de trabajo de la asociación.

La delincuencia ya no es simplemente un asunto doméstico. De manera creciente el crimen y los criminales van alcanzando dimensión global, explotando las diferencias jurisdiccionales y eludiendo los controles de fronteras. La cooperación entre los miembros de las Procuradurías y del Ministerio Fiscal, así como de los investigadores, puede ser muy útil de cara a llevar a los autores ante la justicia. Este es uno de los objetivos principales de la asociación; otros consisten en el establecimiento de estándares, promoción de las buenas prácticas y apoyo al estado de derecho y los derechos humanos​.

La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) es el organismo internacional de apoyo a los 22 países que conforman la comunidad iberoamericana: los 19 de América Latina de lengua castellana y portuguesa, y los de la Península Ibérica España, Portugal y Andorra. Apoyan la organización de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, dando cumplimiento a sus mandatos, e impulsando la Cooperación Iberoamericana en el ámbito de la educación, la cohesión social y la cultura.

En la XVIII Cumbre Iberoamericana (El Salvador, 2008), los Jefes de Estado y de Gobierno adoptaron el Consenso de San Salvador, en virtud del cual acordaron que, “… con el objeto de fortalecer el espacio iberoamericano potenciando y favoreciendo la articulación de los distintos actores que realizan tareas significativas en la región, se crea un Registro de Redes Iberoamericanas bajo la responsabilidad de la SEGIB. La inscripción en dicho registro habilitará a las redes a utilizar la denominación “Red Iberoamericana” en el marco de la Conferencia Iberoamericana.”

El Registro de Redes Iberoamericano es un espacio de intercambio y acción. Un espacio que apuesta por el multilateralismo, la cooperación, el desarrollo sostenible y la solidaridad a través de la participación y el diálogo de todos los actores sociales que coexisten en una región plural, con diversas realidades y muchas necesidades.

El 5 de noviembre de 2020, en el marco de la celebración de la XXVIII Asamblea General de la AIAMP, la Secretaria General Iberoamericana, Dña. Rebeca Grynspan anunció formalmente la inscripción de la AIAMP en el Registro de Redes Iberoamericanas de la SEGIB.

Sitio web: www.segib.org

La FIAP (Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas) .es una fundación del sector público estatal (FSP), parte del sistema público de la Cooperación Española y Europea, especializada en la promoción y gestión de la participación de las instituciones, Administraciones públicas y sus organismos en programas y proyectos de cooperación internacional, en línea con sus estatutos.

Es la entidad del sistema de Cooperación Española especializada en la promoción de las políticas públicas.

Apoya la construcción de sistemas públicos en más de 120 países. Lo hacen promoviendo el talento público y e intercambio de conocimiento entre instituciones homólogas de distintos países. Su labor forma parte de la acción exterior española y europea.

Eurojust, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal, es un centro único con sede en La Haya (Países Bajos), donde las autoridades judiciales nacionales colaboran estrechamente en la lucha contra las formas graves de delincuencia transfronteriza organizada. La función de Eurojust es ayudar a hacer de Europa un lugar más seguro mediante la coordinación del trabajo de las autoridades nacionales, tanto de los Estados miembros de la UE como de terceros países, en la investigación y la persecución de la delincuencia transnacional.

Cada Estado miembro participante envía a un miembro nacional en comisión de servicios a Eurojust. Los miembros nacionales constituyen el Colegio de Eurojust, responsable del trabajo operativo de la Agencia. El Colegio, a su vez, cuenta con el apoyo de la Administración de Eurojust, integrada por analistas de casos, asesores jurídicos y expertos en datos, entre otros. Las instalaciones, construidas expresamente para la Agencia, ofrecen sala de reunión seguras, con servicio de interpretación a todas las lenguas de la UE, y una sala de reuniones concebida en concreto para los centros de coordinación, desde la que se pueden supervisar y coordinar en tiempo real las jornadas de acción conjunta.

Eurojust ha desarrollado una red internacional cohesionada que concede a los fiscales de toda la Unión Europea acceso a más de 50 jurisdicciones en todo el mundo. La Agencia ha firmado acuerdos de cooperación con una docena de Estados no pertenecientes a la UE, algunos de los cuales han enviado en comisión de servicio a Eurojust a fiscales de enlace para trabajar en casos con sus homólogos del Colegio. Eurojust también colabora estrechamente con otras agencias y socios de la UE que prestan apoyo en los diversos eslabones de la cadena de la justicia penal, incluidos los cuerpos policiales y los organismos de lucha contra el fraude.

Sitio Web: https://www.eurojust.europa.eu

El nombre completo es Organización International de Policía Criminal y es una organización intergubernamental que cuenta con 196 países miembros. Ayuda a la policía de estos países a colaborar entre sí para hacer del mundo un lugar más seguro.

Para ello, le facilitan el intercambio y acceso a información sobre delitos y delincuentes. También les ofrece apoyo técnico y operativo de diversa índole.

La Secretaría General coordina sus actividades diarias de lucha contra distintos delitos. Dirigida por el Secretario General, trabajan en ella tanto policías como civiles. Está formada por las oficinas centrales en Lyon, un complejo mundial para la innovación en Singapur y varias oficinas satélites en distintas regiones.

En cada país, una Oficina Central Nacional (OCN) de INTERPOL actúa como punto de contacto para la Secretaría General y otras OCN. Las OCN están dirigidas por funcionarios de la policía nacional y, normalmente, forman parte del ministerio del gobierno responsable de las actividades policiales.

La Asamblea General es su órgano de gobierno y reúne a todos los países una vez al año para tomar decisiones.

Conecta a todos los países miembros a través de un sistema de comunicación denominado I-24/7. Los países utilizan este sistema protegido para ponerse en contacto entre sí y con la Secretaría General. También les permite acceder a sus bases de datos y servicios en tiempo real, tanto desde localizaciones centrales como remotas.

Asimismo, coordina redes de policías y expertos en diferentes categorías de delitos, que se encuentran en grupos de trabajo y en conferencias para intercambiar experiencias e ideas.

El artículo 55 de la Carta de las Naciones Unidas establece que una de las funciones principales de la ONU es crear condiciones de estabilidad y bienestar en el mundo. Es por esta razón que las Naciones Unidas debe promover: 1) niveles de vida más elevados, empleo pleno, y condiciones de progreso y desarrollo socioeconómico; 2) soluciones a los problemas internacionales económicos, sociales y de salud y cooperar con la cultura y la educación internacional; y 3) respeto y cumplimiento universal por los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. La Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000 estableció los objetivos del milenio en el documento Declaración del Milenio A/RES/55/2 de septiembre del 2000, que proyectan la labor de toda la organización hasta el año 2015. La labor del ILANUD se enmarca en la función de los citados objetivos.

Los problemas de criminalidad y justicia penal tocan muchas de estas áreas. Dentro del sistema de las Naciones Unidas, la responsabilidad principal con respecto a estas cuestiones yace en el Consejo Económico y Social (ECOSOC). Asimismo, en la Secretaría, estos temas constituyen el mandato de la Oficina de Drogas y Criminalidad las Naciones Unidas (UNODC). La política es establecida por la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, que forma parte del ECOSOC.

La Comisión fue establecida por la Asamblea General en la resolución 46/152 del 18 de diciembre de 1991, como parte de una importante reestructuración del Programa de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Justicia Penal.

Al iniciar su décima sesión, llevada a cabo entre el 6 y 7 de septiembre del 2001, la Comisión tomando en cuenta la Declaración de Viena sobre la Delincuencia y la Justicia (A/RES/55/59), aprobó la resolución II titulada “Planes de Acción para la Implementación de la Declaración de Viena sobre el Delito y la Justicia: Afrontando los Retos del Siglo XXI (E/2001/30/Rev.1)”, posteriormente adoptada por la Asamblea General, la cual establece temas prioritarios del Programa de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Justicia Penal.

El ILANUD adecuó su plan de trabajo en la región a dicha estructura temática. A su vez, la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas actualiza cada dos años las estrategias para llevar adelante el programa.

Otros documentos directrices de importancia son los que cada cinco años aprueban los Congresos Mundiales de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas muchos de los cuales son sancionados luego por la Asamblea General.

Con el fin de brindar capacitación, investigación, asistencia técnica y cooperación internacional en estos temas, las Naciones Unidas ha establecido una red de institutos interregionales y regionales. La red está conformada por la División de Tratados de la Oficina de Naciones Unidas sobre la Droga y el Delito, el Centro de Investigación y Capacitación Global en Turín, Italia (UNICRI) , institutos regionales en Europa (HEUNI, con sede en Helsinki, Finlandia), Asia y el Pacífico (UNAFEI con sede en Tokio, Japón), África (UNAFRI, con sede en Kampala, Uganda), y América Latina y el Caribe (ILANUD, en San José, Costa Rica).

El ILANUD fue establecido en la ciudad de San José, Costa Rica, mediante acuerdo suscrito el 11 de junio de 1975 entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de la República de Costa Rica.

El Acuerdo de creación del ILANUD establece en su artículo primero inciso 2 que el objetivo principal del Instituto es colaborar con los gobiernos en el desarrollo económico y social equilibrado de los países de América Latina y el Caribe, mediante la formulación e incorporación en los planes nacionales de desarrollo, de políticas e instrumentos de acción adecuados en el área de la prevención del delito y la justicia penal. Para alcanzar su objetivo principal, el ILANUD lleva a cabo una serie de actividades. Las más importantes son: Capacitación a través de seminarios, cursos, talleres, y reuniones de expertos, sobre los temas de prevención del delito y justicia penal que sean relevantes para los gobiernos de la región; Investigación criminológica y de los sistemas de justicia penal; Provisión de asistencia técnica; Recolección y difusión de información en temas de su competencia. ILANUD lleva a cabo sus principales funciones a través de programas y proyectos, los cuales incluyen, en cada caso, actividades de investigación, capacitación, asistencia técnica y difusión de información.

Los objetivos estratégicos del ILANUD son:

• Organizar programas de capacitación para los encargados de elaborar las políticas, los planificadores, los administradores y el personal técnico especializado en materia de prevención del delito y tratamiento del delincuente, incluyendo estudios teóricos y prácticos; desarrollar cursos y seminarios sobre temas especiales (incluidos los métodos y técnicas de investigación y planificación), para personal de diferentes categorías.

• Facilitar el intercambio de conocimientos técnicos y experiencias entre el personal de diferentes países de la región; y promover la preparación de materiales de formación y manuales.

• Recoger y difundir información, así como realizar investigaciones sistemáticas, multidisciplinarias y de carácter práctico, sobre las tendencias del delito en la región y los factores con ellas relacionados (con especial atención a los problemas nuevos y especiales, como la violencia, el uso indebido de estupefacientes, la corrupción, etc.) los costos económicos y sociales del delito y sus consecuencias para el desarrollo y la planificación; las necesidades y prioridades de acción en relación con el delito en los planos regional y subregional; las políticas y métodos convenientes de prevención del delito y lucha contra la delincuencia y las estrategias y programas globales de prevención del delito y justicia penal, a la luz de las condiciones prevalecientes en la región y en el contexto de la planificación socioeconómica nacional.

• Promover la adopción y aplicación por los gobiernos de normas, directrices y procedimientos que hayan recomendado las Naciones Unidas; promover un planteamiento integral de los problemas del delito y la justicia penal, vinculado con la planificación nacional general; contribuir a preparar, adaptar y poner en práctica políticas y programas eficaces para la prevención del delito y la justicia penal en la región, de conformidad con un plan internacional de acción y con otras recomendaciones de las Naciones Unidas en este sector.

• Contribuir al desarrollo y la aplicación de las políticas y programas de las Naciones Unidas para la prevención del delito y la justicia penal, en el plano regional.

• A petición de los gobiernos de la región, proporcionar servicios de asesoramiento y asistencia técnica que pueda requerirse.

• Promover la colaboración entre los países de la región en materia de prevención del delito y lucha contra la delincuencia, con miras al desarrollo de políticas comunes y a la iniciación de acciones conjuntas sobre cuestiones de interés mutuo.

• Promover la colaboración entre los países de la región en materia de prevención del delito y lucha contra la delincuencia, con miras al desarrollo de políticas comunes y a la iniciación de acciones conjuntas sobre cuestiones de interés mutuo.

Dentro del ámbito de nuestra Asociación, ILANUD colabora activamente con el Grupo de Trabajo de Justicia Juvenil Restaurativa, coordinado por la Fiscalía de Chile.

https://www.ilanud.or.cr/

Es un programa convocado por 46 gobiernos, trabaja con más de 100 socios de la sociedad civil, las Naciones Unidas y organizaciones regionales e internacionales. Está organizado por el Centro de Cooperación Internacional de la Universidad de Nueva York.

En el centro de su trabajo se encuentran los tres programas: Reducir a la mitad la violencia mundial, Justicia para todos y Desigualdad y exclusión, con el compromiso interpilar del equipo global del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16+.

Lanzado en diferentes momentos, cada programa ha seguido en líneas generales el mismo modelo: Investigación y soluciones políticas basadas en la evidencia → informe principal → acción política y programática multinivel. Todo esto se apoya mediante coaliciones, redes y colaboración específica con los gobiernos, la ONU, la sociedad civil y otros actores.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es el principal órgano de gestión de la Cooperación Española, orientada a la lucha contra la pobreza y al desarrollo humano sostenible. Según su Estatuto, la Agencia nace para fomentar el pleno ejercicio del desarrollo, concebido como derecho humano fundamental, siendo la lucha contra la pobreza parte del proceso de construcción de este derecho. Para ello sigue las directrices del V Plan Director de la Cooperación Española, ​​​con atención a los elementos transversales de la Cooperación Española: el enfoque basado en los derechos humanos y las libertades fundamentales, la perspectiva de género, la calidad medioambiental y el respeto a la diversidad cultural, en consonancia con la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en 2015 y que regirá los planes de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años. Se plantean 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que incluyen poner fin a la pobreza en el mundo, erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria, garantizar una vida sana y una educación de calidad, lograr la igualdad de género, asegurar el acceso al agua y la energía, promover el crecimiento económico sostenido, adoptar medidas urgentes contra el cambio climático, promover la paz y facilitar el acceso a la justicia.

La AECID está adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional. La Ley 23/1998, de 7 de Julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo contempla a la Agencia como órgano ejecutivo de la Cooperación Española, y enmarca su objeto dentro de sus prioridades: el fomento del desarrollo y del equilibrio en las relaciones internacionales, la prevención y atención de situaciones de emergencia, la promoción de la democracia y el impulso de las relaciones con los países socios. Para ello, cuenta con instrumentos como la cooperación técnica, la cooperación económica y financiera, la ayuda humanitaria y la educación para el desarrollo y sensibilización social.

​La AECID, junto a sus socios, trabaja en más de 30 países a través de su red de Oficinas Técnicas de Cooperación, Centros Culturales y Centros de Formación.

Con respecto a la AIAMP, la Red contra la Trata de Personas y tráfico ilícito de Migrantes cuenta con la financiación de AECID.

Asimismo, colabora activamente en la organización y celebración de las reuniones presenciales de los puntos de contacto de las Redes Permanentes y Grupos de Trabajo de la AIAMP, que se llevan a cabo en las distintos Centros de Formación distribuidos por la geografía de Iberoamérica.

https://www.aecid.es/ES/la-aecid

La Red Operativa Mundial de Autoridades Anticorrupción (Red GlobE) es una plataforma de intercambio de información entre pares y de cooperación informal para identificar, investigar y perseguir mejor los delitos de corrupción transfronterizos y recuperar los activos robados.

Fundada en 2021, la Red GlobE está abierta a las autoridades encargadas de la aplicación de la ley contra la corrupción de todos los Estados miembros de la ONU y de los Estados parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC).

La Red GlobE reúne a una comunidad de autoridades encargadas de la aplicación de la ley contra la corrupción que establecen asociaciones de confianza, en línea y durante una reunión anual presencial de la Red en Viena, para facilitar la cooperación transnacional y compartir buenas prácticas.

La Red GlobE ofrece a las autoridades anticorrupción independientes y de primera línea la formación necesaria para reforzar la cooperación informal y avanzar en la lucha contra la corrupción transnacional.

La Red Jaguar es el acrónimo de la Red de policías especializados en delitos medioambientales en América Latina y la Unión Europea. 

Las actuaciones y desarrollo de actividades son dirigidas específicamente en la región latinoamericana, concretamente en los 18 países que trabajan con el programa EL PAcCTO, (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela), además de los 27 estados de la Unión Europea.

¿Qué es la Red Jaguar?
La Red birregional América Latina – Unión Europea se considera un instrumento eficiente y útil para el impulso así como el apoyo de acciones de lucha contra los delitos medioambientales, sus delitos conexos y la preservación de la biodiversidad, adaptándose a las realidades de ambas regiones.

Su vocación es la de integrar a las instituciones y operadores de protección de la naturaleza y lucha contra los delitos ambientales de reconocido prestigio con profesionales de la rama policial para crear una dinámica de interacción que beneficie a todos los países y sus instituciones.

Objetivos de la Red Jaguar:

• Compartir espacios comunes relacionados con temas ambientales.

• Facilitar el acceso a la información y a las oportunidades que permitan fortalecer la persecución de los delitos ambientales de forma integrada entre América Latina y la Unión Europea.

• Ser un instrumento de puntos de contacto institucionales formalmente designados, que representan instituciones de Estados Miembros y que sirven para facilitar la cooperación policial en la temática.

• Ampliar la visión y el alcance en la lucha contra los delitos medioambientales mediante el intercambio de experiencias, formas de trabajo, métodos de investigación y nuevos métodos criminales.

• Divulgación académica, científica, de investigación, de creación mecanismos ad hoc temporales como Equipos Conjuntos de Investigación y los Equipos Multidisciplinares Especializados.

• Promoción de mejoras legislativas futuras homogéneas de carácter nacional e internacional en su campo de actuación.

Contexto de los delitos medioambientales en Latinoamérica
En América Latina la minería, el tráfico de especies protegidas y la deforestación ilegal, las cuales están intrínsecamente vinculadas, han experimentado un importante cambio y crecimiento en los últimos años por razones de seguridad, económicas y sociales.

En el caso de los delitos relacionados con la flora y fauna, su incremento ha sido sustancial en los últimos años, llegando a ser el tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo según Interpol, debido a la “gran demanda” existente en ciertos países, tanto desarrollados como emergentes, que favorecen el desarrollo de estructuras criminales itinerantes y con gran capacidad de adaptación a las demandas que surgen.

El incremento de los delitos contra la flora y fauna está intrínsecamente vinculado al aumento de la minería ilegal y a la deforestación porque unos delitos retroalimentan a otros.

En consecuencia, la lucha contra los delitos medioambientales no sólo supone un problema ambiental y de biodiversidad, sino que afectan negativa y directamente al desarrollo humano de las comunidades, a las poblaciones indígenas que habitan en América Latina, al desarrollo económico sostenible de los países involucrados, a la seguridad de los ciudadanos y al cambio climático en todo el Planeta.

El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) es un organismo intergubernamental del Sistema Interamericano, con autonomía técnica y operativa, que tiene como misión apoyar los procesos de reforma y modernización de los sistemas de justicia en las Américas. 

Su sede está en Santiago de Chile y sus miembros son todos los países integrantes activos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

CEJA fue creado el 15 de noviembre de 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA. Las Cancillerías de los Estados Miembros dieron cumplimiento de ese modo al Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las Américas (1998) y a las recomendaciones de la Reunión de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA).

CEJA brinda asistencia técnica a los Gobiernos, Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y otras instituciones de justicia; elabora estudios técnicos y genera evidencia empírica; facilita procesos de cooperación a nivel regional; e imparte capacitación especializada a los/as operadores/as y tomadores/as de decisión de las políticas públicas en materia de justicia en los países de las Américas.

www.cejamericas.org

La Fiscalía Europea (www.eppo.europa.eu) es un organismo independiente y descentralizado de la Unión Europea con competencias para investigar, perseguir y enjuiciar los delitos contra el presupuesto de la UE, como el fraude, la corrupción o el fraude transfronterizo a gran escala que afecta al IVA. El Reglamento por el que se crea la Fiscalía Europea en el marco de la cooperación reforzada se adoptó el 12 de octubre de 2017 y entró en vigor el 20 de noviembre de 2017. Actualmente participan en este sistema 22 países de la UE.

En la actualidad, solamente las autoridades nacionales pueden investigar y perseguir los casos de fraude contra el presupuesto de la Unión pero sus competencias se limitan al territorio nacional. Los organismos de la UE existentes —como Eurojust, Europol y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)— carecen de las competencias necesarias para llevar a cabo investigaciones penales y actuaciones judiciales.

La Fiscalía Europea, cuya sede se encuentra en Luxemburgo, está actualmente en proceso de creación y debería entrar en funcionamiento en marzo de 2021.

La Fiscalía Europea actuará como fiscalía única en todos los países de la UE participantes y combinará los esfuerzos europeos y nacionales de aplicación del Derecho en un enfoque unificado, integrado y eficiente. La Fiscalía Europea se estructurará en dos niveles: el nivel central y el nivel nacional. El nivel central estará constituido por el Fiscal General Europeo, sus dos fiscales adjuntos, veintidós fiscales europeos (uno por cada país de la UE participante), dos de los cuales desempeñarán la función de fiscales adjuntos del Fiscal General Europeo y del director administrativo. El nivel nacional o descentralizado estará compuesto por los fiscales delegados europeos, que ejercerán su labor desde los países de la UE participantes. El nivel central supervisará las investigaciones y las actuaciones judiciales penales incoadas a nivel nacional. Por regla general, serán los fiscales delegados europeos los encargados de las tareas de investigación y procesamiento en sus Estados miembros respectivos.

Los derechos de los sospechosos y de los acusados estarán asegurados por exhaustivas garantías procesales basadas en el Derecho de la UE y las legislaciones nacionales en vigor.

La Fiscalía Europea velará por que sus actividades respeten los derechos garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, incluido el derecho a un juicio imparcial y el derecho de defensa.

Las actuaciones procesales de la Fiscalía Europea estarán sujetas al control jurisdiccional de los tribunales nacionales.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con carácter prejudicial, tiene competencias residuales para garantizar una aplicación coherente del Derecho de la UE.