La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible; funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera. La Fiscal o el Fiscal General es su máxima autoridad y representante legal y actuará con sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso.

Según el Art. 195 de la Constitución de la República la Fiscalía General del Estado:

Dirigirá de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas.

De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el Juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación penal.

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación, dé medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial,

Dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; y,

Cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley.

Misión

La Fiscalía General del Estado es una institución autónoma, que dirige la investigación preprocesal y procesal penal, procurando el acceso a la justicia con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas.

Visión

La Fiscalía General del Estado será una institución integrada por personal especializado y comprometido en la procuración de la justicia reconocida por su lucha contra el crimen y la inseguridad, mediante la innovación de procesos y operaciones, la transparencia de la gestión y la efectividad en la reducción de la impunidad.

Mecanismo de elección 

La máxima autoridad este órgano es el Fiscal General del Estado, quien es designado vía concurso de méritos y oposición regulado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y finalmente nombrado por la Asamblea Nacional. Inició su periodo el 8 de abril de 2019 y lo culmina el 8 de abril de 2025.