El Ministerio Público de Chile es un organismo autónomo cuya función principal es dirigir la investigación de los delitos, llevar a los imputados a los tribunales cuando corresponda y brindar protección a víctimas y testigos. Este ente no pertenece a ninguno de los tres Poderes del Estado, es decir, no forma parte del Gobierno o Poder Ejecutivo, del Poder Judicial ni del Congreso Nacional (Poder Legislativo).

Fue creado en el contexto de la reforma procesal penal, que sustituyó el sistema inquisitivo vigente en Chile desde la época colonial. La institución fue establecida mediante una reforma constitucional el 16 de septiembre de 1997, a través de la ley 19.519. Su regulación se encuentra en la Constitución Política de la República de Chile, en el Capítulo VII denominado "Ministerio Público", que abarca los artículos 83 al 91, así como en la ley orgánica constitucional del Ministerio Público (ley 19.640) publicada el 15 de octubre de 1999 y en el Código Procesal Penal.

La estructura del Ministerio Público se organiza en una Fiscalía Nacional, encabezada por el Fiscal Nacional, y 19 Fiscalías Regionales, cada una dirigida por un Fiscal Regional y su respectivo equipo directivo. En la Región Metropolitana, debido a su extensión territorial y densidad poblacional, existen cuatro Fiscalías Regionales.

Mecanismo de elección

El Fiscal Nacional dura ocho años en su cargo y no puede ser designado para el período siguiente. Su elección comienza con una quina (cinco candidatos) seleccionados por el pleno de la Corte Suprema de Chile, de esa quina el presidente de Chile selecciona a un candidato que finalmente debe ser aprobado por el consenso del Senado (dos tercios).