La reforma procesal penal nicaragüense del año 2000 implicó un cambio de esquemas en la administración de justicia, lo que culminó en la adopción del sistema acusatorio en sustitución del sistema inquisitivo, volviéndolo más garantista para todas las partes del proceso penal. De acuerdo con la Ley número 346, aprobada en el año 2000, se crea al Ministerio Público como una entidad pública que presta su servicio a la sociedad, en general, y a la víctima del delito, en particular, garantizando una efectiva persecución delictiva e idóneo ejercicio de la acción penal pública, por medio de la que se restituya la seguridad, la armonía social y el respeto por las normas del convivencia pacífica.

Mecanismo de elección

Con motivo de las reformas procesales del año 2000, se aprobó en paralelo a estas una reforma parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua, la que creó las figuras del Fiscal General de la República y del Fiscal General Adjunto, disponiéndose además que su elección es una facultad improrrogable de la Asamblea Nacional, lo que se hace por medio de ternas propuestas por el Presidente de la República y los Diputados, los que en todo caso deberán reunir las mismas calidades que los candidatos a las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, siendo en todo caso el procedimiento en vigor que se ha ratificado por medio de las subsecuentes reformas constitucionales, lo que se recoge también en el artículo 24 de la Ley 346, “Ley Orgánica del Ministerio Público de Nicaragua”, cuyo nombramiento tendrá una duración por un quinquenio. En adición a ello, la Ley 346 dispone además que los dos Fiscales Generales deberán prestar promesa de ley ante el Presidente del Poder Legislativo, y corresponde así mismo a este poder la aplicación de las causales que dispone la Ley 346 en caso de destitución o suspensión en el cargo.